FUJIMORI CONDENADO POR ESPIONAJE

La justicia peruana viene dando una gigantesca lección jurídica a nivel mundial, al garantizar un juicio, con el debido proceso ajustado a las leyes peruanas, al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, quien goberno el Perú durante 10 años, considerado uno de los más corrupto de la historia peruana.

Hoy los magistrados sentenciaron a seis años de prisión al ex Mandatario por los delitos de intercpetación telefónica (espionaje) la compra de medios de comunicación y el soborno a congresistas llamados "Transfugas" que pretendían que gobernará Fujimorio un tercer período.

El mundo entero, a través de sus corresponsales, han dado cuenta de una sentencia dictada al amparo de una democracia donde funciona el equilibrio de poderes y la prensa cumple con su labor fiscalizadora de manera transparente y sin ningún tipo de cortapisa.

Mayores detalles en la siguiente crónica:

Fujimori, condenado a seis años de cárcel por espionaje telefónico y pago a legisladores

Se trata de la sentencia de su cuarto y último juicio.- Ya cumple pena de 25 años de prisión por violación de derechos humanos

El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido condenado a seis años de prisión por los casos de espionaje telefónico, pago a legisladores tránsfugas y la compra de medios de comunicación en el 2000.

Fujimori fue sentenciado como autor en conjunto de los delitos de peculado doloso (mal uso de fondos públicos) y violación del secreto de las comunicaciones, en su cuarto y último juicio por corrupción. Fujimori, de 71 años, se declaró el lunes pasado culpable de todos los cargos que se le imputan durante su comparecencia en el cuarto juicio que tan sólo duro un día porque el ex mandatario se acogió a la figura de la "conclusión anticipada".

El pasado mes de abril, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión al ser declarado responsable de la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, en las conocidas masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En julio fue condenado a 8 años de cárcel por haber pagado unos 10 millones de euros a su jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, para evitar, según el ex mandatario, que éste diese un golpe de Estado.

A finales de 2007, la Sala Penal Especial había dictado penas privativas de libertad de seis y siete años contra el ex gobernante por el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, ex esposa de Montesinos y por entregar dinero a su ex asesor.